Get Adobe Flash player

El subsidio por cuidado de un hijo gravemente enfermo se extingue si uno de los padres deja de trabajar

¿Puede una madre divorciada, que tiene concedida la guarda y custodia de una hija afectada por una enfermedad grave, seguir disfrutando la prestación otorgada para su cuidado cuando el otro progenitor causa baja en el Sistema de la Seguridad Social?

Esta es la cuestión que se somete a debate casacional y que el Supremo resuelve en favor de la Mutua porque la propia definición de la contingencia protegida por el régimen público de la Seguridad Social revela que uno de los elementos básicos que la integran, configurándose como requisito ineludible para su producción, es el de que “ambos progenitores trabajen”.

La acción protectora de la Seguridad Social no entra en funcionamiento cuando quiebra (de manera originaria o sobrevenida) ese presupuesto y uno de los dos progenitores deja de trabajar.

Sólo en caso de que ambos trabajen

El subsidio viene a compensar la pérdida de ingresos que sufren las personas interesadas, al tener que reducir su jornada, con la consiguiente disminución de salarios, por la necesidad de cuidar de manera, directa, continua y permanente a los hijos menores a su cargo durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad fuera del centro hospitalario.

Por esto, el hecho de no trabajar uno de los progenitores lleva implícito que éste dispone del tiempo preciso para cuidar y atender directa y personalmente al menor, siendo entonces innecesario que el progenitor ocupado reduzca su jornada con el mismo fin, sin que ésta conclusión quede alterada solo por el hecho de que se trate de un caso de separación o divorcio.

Obligaciones para con los hijos

Excepcionar el requisito de que ambos progenitores trabajen en los casos de separación o divorcio, conduciría al absurdo de que el progenitor separado o divorciado que no tiene atribuida la guardia y custodia del menor y trabaja podría causar la prestación si el otro no trabaja. Además, la tendencia creciente es que ambos progenitores, pese a haber roto su convivencia, compartan de manera efectiva el cuidado de los hijos comunes, en especial cuando padecen una enfermedad grave.

En el caso no aparece dato alguno que apunte hacia la imposibilidad de que el progenitor que pierde su empleo pueda cumplir con su obligación de procurar que la menor reciba la atención médica necesaria. Tampoco se discute que esté en condiciones de asumir sus deberes de manera efectiva y garantizar que la menor sea asistida de forma adecuada en razón de circunstancias tales como su lugar de residencia u otras diferentes.

Las situaciones de ruptura de los progenitores han sido previstas en la regulación reglamentaria de la prestación, de un lado cuando regula el orden de prelación en su disfrute cuando ambos progenitores tienen derecho a la protección, esto es, cuando los dos han reducido su jornada laboral para atender a su hijo menor; y de otro al permitir que se llegue a un acuerdo respecto a que la condición de beneficiario la ostente el progenitor no custodio.

La regulación de la prestación no permite excluir de la unidad familiar al progenitor separado (o divorciado) porque se presupone que el progenitor que no trabaja puede prestar a su hijo la atención que requiere la enfermedad, tenga o no la custodia del menor.

 

 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13263-el-subsidio-por-cuidado-de-un-hijo-gravemente-enfermo-se-extingue-si-uno-de-los-padres-deja-de-trabajar/

Condenado un banco a indemnizar por daños morales a su cliente por bloquear una cuenta a instancias de la esposa

El Banco Caja España de Inversiones deberá indemnizar a uno de sus clientes por daños morales, cuantificados por el Juzgado en 3.000 euros al apreciarse incumplimiento de sus deberes contractuales y de imparcialidad en el conflicto.

La sentencia, dictada el pasado tres de julio por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Valladolid considera que la entidad bancaria faltó a su obligación de la diligencia debida en la gestión del dinero depositado en la cuenta.

Los titulares de la cuenta se hallaban en proceso de divorcio

Según se relata en la sentencia, el matrimonio tenía varias cuentas abiertas en la entidad, siendo una de ellas una cuenta “especial empleados”. Tras la interposición de demanda de divorcio por parte de la esposa, se procedió a bloquear dicha cuenta, sin que el marido tuviera participación alguna ni fuera informado de ello. Además, se procedió al cambio de dirección de envío de correspondencia al domicilio de los padres de la ex esposa.

Meses más tarde, se procedió a la firma de un documento por el que los ex cónyuges acuerdan repartirse los fondos y desbloquear la cuenta conflictiva. Durante el tiempo en que la cuenta estuvo bloqueada, se produjeron movimientos de dinero.

El juzgado considera probado que dados los infructuosos intentos del esposo -que incluso acudió a las oficinas del banco- para disponer del dinero de la cuenta común, solo podía haber sido la esposa y empleada la que practicó el bloqueo de la cuenta sin oír ni notificar al otro titular.

Actuar negligente de la entidad bancaria

El bloqueo de la cuenta común se produjo sin oír y sin notificar al otro titular de la cuenta, lo que revela, a juicio del juzgado, un actuar negligente y del banco en sus obligaciones contractuales, derivados del artículo 1258 y 1101 del Código Civil.

Indica además que según el Banco de España es conveniente -incluso buena práctica bancaria- el inmovilizar la cuenta en caso de cotitulares en conflicto, pero nunca a instancia de una sola de las partes y sin comunicación ni intervención de la otra. No hubo además ninguna notificación ni instancia por escrito, por lo que se infiere que el bloqueo se realizó con una simple solicitud verbal y unilateral. Lo mismo cabe, indica la sentencia, respecto al cambio de domicilio de las notificaciones y correspondencia del banco. Se trata, por tanto, de un actuar, ya sea doloso o culposo, de la entidad en su deber de imparcialidad en el conflicto.

Daños morales

La conducta de la entidad bancaria generó una evidente y natural tensión y desasosiego para su cliente. Tuvo que acudir varias veces al banco e incluso formalizar una reclamación, lo que agudizó más aún las lógicas dificultades que surgen en el proceso de divorcio; también tiene en cuenta la impresión del demandante de encontrarse en desamparo en su relación con la entidad, de la que es cliente.

El esposo había solicitado que se le indemnizara con 9.000 euros, cantidad que el juzgado considera excesiva, pues a pesar de que hubo movimientos de dinero en la cuenta durante el tiempo en que se produjo el bloqueo, éstos eran conocidos por el esposo al poder consultarlos mediante la aplicación de banca electrónica; además no se acreditó que los movimientos y traspasos se produjeran en beneficio exclusivo de la esposa, sino que fueron destinados a otras cuentas también comunes para regularizar la hipoteca.

El juzgado considera más equilibrada y acorde con el daño causado la indemnización de 3.000 euros, cantidad a la que finalmente es condenada la entidad bancaria.

 

 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13255-condenado-un-banco-a-indemnizar-por-danos-morales-a-su-cliente-por-bloquear-una-cuenta-a-instancias-de-la-esposa/

La Audiencia Provincial de Valencia impone a unos cónyuges litigantes la obligación de asistir a terapia familiar

La sentencia 70/2018, de 2 febrero, dictada por la Audiencia Provincial Valencia, acuerda el divorcio de los litigantes y obliga a ambos cónyuges a asistir a terapia familiar, como medida necesaria para preservar el superior interés de sus hijos menores. Si bien es cierto que ninguno de los progenitores muestra una patología grave que le incapacite para la puesta en práctica de las funciones parentales, la perito judicial psicóloga sí aprecia en ellos ciertas dificultades en sus habilidades de cuidado responsable y afectivo. Así, la progenitora presenta un cuadro depresivo reactivo a la situación que vive y una serie de dificultades en sus habilidades de cuidado responsable y afectivo, con carencias importantes a la hora de afrontar esta tarea con los menores. Mientras que el progenitor padece un trastorno bipolar actualmente ausente de sintomatología y con capacidad para ejercer un régimen de visitas normalizado a favor de los menores.

Para resolver estas dificultades, y teniendo siempre presente el interés primordial de los menores, la Audiencia Provincial de Valencia, siguiendo las pautas establecidas en el informe pericial, complementa la medida del Juzgado que impuso a los progenitores la obligación de asistir a terapia familiar. En este sentido, establece que la madre reciba tratamiento psicológico por un profesional de salud mental y tratamiento psiquiátrico el padre.Además, impone la obligación de intercambiarse recíprocamente cada tres meses los informes emitidos por los profesionales que los tratan. Este intercambio de información debe limitarse estrictamente a lo que afecte a sus hijos menores. Pasados tres meses desde el inicio del tratamiento y seguimiento de profesionales, ambos progenitores deben acudir al servicio de mediación. Y después de seis meses, hacer seguimiento de la evolución del grupo familiar.

 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12994-la-audiencia-provincial-de-valencia-impone-a-unos-conyuges-litigantes-la-obligacion-de-asistir-a-terapia-familiar-/

Un juez impone la custodia compartida a un padre que no quería cuidar de sus hijos

Los tribunales pueden obligar a uno de los progenitores a ejercer la custodia. Así lo determina una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, en la que se impone un régimen de custodia compartida a un padre respecto a sus dos hijos menores de edad ante la imposibilidad de la madre de cuidarlos en solitario debido a la grave discapacidad del 33 por ciento que padece uno de ellos.

En la sentencia 61/2018 de 23 de enero, el tribunal andaluz estima el recurso de apelación interpuesto por la madre contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Córdoba, que estableció únicamente un régimen de visitas a favor del padre, el cual se negaba a cuidar de sus hijos.

La madre solicitó un sistema de guarda y custodia compartida alegando, entre otros motivos, la “capacidad e idoneidad” de ambos progenitores para ejercer la guarda y custodia,  considerando “insuficiente e injustificada” la “negativa” del padre a dicho régimen de custodia y añadiendo que sus “circunstancias personales” imposibilitaban que el régimen monoparental sobre sus hijos siguiera vigente. Y es que, según consta en los hechos probados del caso, se había producido una “evolución negativa” en su estado, lo que requería una mayor atención por parte de su madre.

La Sala destaca que la “entidad del problema familiar” exige “extremar las posibilidades y deberes respectivos de ambos” progenitores, “sin que pueda hacerse recaer sobre ninguna de ellos en particular o con mayor protagonismo personal como hasta la fecha resultaba, esencialmente a través de la madre”.

Por ello, el tribunal subraya la necesidad de establecer un sistema “paritario y lo más equilibrado posible”, esperando que ello sirva de “acicate o estímulo a la progresión e implicación más intensa en la corresponsabilidad de ambos padres para el mejor desarrollo y atención sobre los dos menores y en particular del hijo discapacitado”.

La Audiencia Provincial considera que ambos progenitores son aptos para ejercer la custodia compartida, por lo que decreta un sistema de alternancia semanal. Sistema que el juez considera que “brinda la oportunidad de poner en juego la mejor estrategia y habilidades de conciliación de las partes en beneficio de los menores”.

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12730-un-juez-impone-la-custodia-compartida-a-un-padre-que-no-queria-cuidar-de-sus-hijos-/

El Supremo obliga al dueño de una empresa a pagar una pensión compensatoria a su exmujer si la despide

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto sobre un recurso de casación interpuesto por un cónyuge que fue condenado a satisfacer una pensión compensatoria de 500 euros y, en caso de pérdida de empleo o reducción de salario de su ex esposa, que trabaja en la empresa propiedad del hombre, el sueldo que recibía por su trabajo, que ascendía a 1.900€.

En la sentencia 120/2018 dictada el 7 de marzo de 2018, la Sala considera que el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe de existir en el momento de la separación o del divorcio, y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión cuya procedencia no se acredita cuando se produce la crisis matrimonial, donde los únicos ingresos de la esposa proceden de su trabajo, en la empresa dirigida por su ex marido.

Por la misma razón que cabe un juicio prospectivo de futuro que prevea la finalización del desequilibrio en un determinado momento, también es posible en casos como este hacer el juicio prospectivo inverso, esto es, cuándo se empezará a producir el desequilibrio cuando los ingresos de la mujer penden exclusivamente de la decisión unilateral del ex esposo de hacer desaparecer su fuente de ingresos.

De esta forma, la cantidad en que se valora el desequilibrio es, en realidad, 1.900 € mensuales; cantidad que no se desembolsará a no ser que se de el desequilibrio derivado del fin la actual relación laboral, por causa no imputable a ella, sin perjuicio de la posibilidad siempre presente de modificación o extinción posterior de la medida por alteración de las circunstancias que ahora se tienen en cuenta.

 

 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12774-el-supremo-obliga-al-dueno-de-una-empresa-a-pagar-una-pension-compensatoria-a-su-exmujer-si-la-despide/

Mujer destruye 54 violines de su exmarido durante proceso de divorcio

Los instrumentos hacían de la colección del hombre y estaban valorados por 950.000 dólares.

Una mujer de 34 años fue detenida en Japón por haber destruido 54 violines y 70 arcos de violín pertenecientes a su exmarido, unos destrozos por un valor total estimado en 950.000 dólares, indicó este miércoles la policía.

Midori Kawamiya está acusada de haber entrado de manera ilícita en la casa de su exesposo, en la prefectura de Aichi (centro de Japón), “rompiendo una ventana, en una fecha indeterminada entre el 30 de enero y el 19 de febrero de 2014”, dijo a la AFPun portavoz policial.

“La víctima reclama una indemnización de 105,9 millones de yenes (950.000 dólares, 815.000 euros)“, precisó.

Según el diario Yomiuri, la sospechosa es de nacionalidad china. Efectuó numerosas idas y vueltas entre Japón y China después de su acción, y fue detenida el martes a su regreso a Tokio, precisó la agencia de prensa Kyodo.

Los violines destruidos, entre los que destaca un instrumento italiano de un valor de 50 millones de yenes, fueron fabricados o son de la colección de su exmarido, un sexagenario noruego, agregó Kyodo. En el momento de los hechos, la pareja estaba en proceso de divorcio.

 

http://www.eltiempo.com/mundo/asia/mujer-destruye-54-violines-de-su-exmarido-durante-proceso-de-divorcio-113710

Las demandas de separación y divorcio suben un 4,8% en el primer trimestre de 2017

Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana son las autonomías con más solicitudes de disolución matrimonial

El número de demandas de disolución matrimonial —separaciones y divorcios— ha aumentado en España durante los tres primeros meses de 2017. Las 31.694 demandas registradas suponen un 4,8% más que las presentadas en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial. Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las comunidades en las que más demandas se han presentado.

En estos tres primeros meses del año ha habido incrementos interanuales en todas las formas de disolución matrimonial, pero el mayor se ha registrado en los divorcioscontenciosos, que han subido un 8,4%, al pasar de 11.699 a 12.679. Los divorcios consensuados aumentaron un 2,6% con respecto a los registrados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016.

También ha habido más demandas de separación. Las separaciones consensuadas (1.041) suponen un 2,4% más que las presentadas en el primer trimestre del año pasado. Las no consensuadas (491), un 2,7% más. Durante los tres primeros meses de este año se han presentado además 41 demandas de nulidad matrimonial.

Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas con más demandas de disolución matrimonial, con una tasa de 0,8 por cada 1.000 habitantes. Les siguen Andalucía, Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha, con un 0,7%. Esta es la media nacional. La tasa más baja se registró en Castilla y León, con un 0,5%.

Todos los procedimientos de modificación de medidas, matrimoniales y no matrimoniales, también han presentado incrementos en el primer trimestre del año. Se iniciaron 2.859 procedimientos de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, lo que supone un 16,5% más que en el mismo trimestre del año anterior, y 9.186 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, con un incremento del 7,4%.

En cuanto a la guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 5.030 demandas de modificación de medidas consensuadas (un 12,6% más que en el primer trimestre de 2016), frente a 7.776 demandas de modificación de medidas no consensuadas (un incremento del 13,6%).

 

 

https://politica.elpais.com/politica/2017/06/16/actualidad/1497603997_074095.html

Asturias, entre las CCAA con más separaciones y divorcios en 2016

Asturias, con 2,7 demandas por cada mil habitantes, es una de las comunidades autónomas con mayor número de separaciones y divorcios en 2016, solo por detrás de Canaria, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

En cuando a las demandas de separación, 3.912 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo -un 15,3 por ciento menos que en 2015- y 1.928 no consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 2,6 por ciento. Además, en 2016 se registraron 159 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 216 del año anterior.to del país, las 119.859 demandas de disolución matrimonial presentadas en los juzgados españoles durante el año pasado han descendido un 7,8 por ciento respecto a las registradas en 2015.

El descenso afecta tanto al número de demandas de divorcio -un total de 114.019, lo que representa un 7,6 por ciento menos que el año anterior- como al de demandas de separación -5.840, una disminución del 11,5 por ciento respecto a 2015-.

Del total de demandas de divorcio presentadas en 2016, 67.189 fueron de consensuadas, con una disminución interanual del 8,5 por ciento; y 46.830 contenciosas, un 6,3 por ciento menos que el año anterior.

En el cuarto trimestre del año se presentaron en los juzgados españoles 31.989 demandas de disolución matrimonial, un 6,3 por ciento menos que en el mismo periodo de 2015.

De ellas, 30.436 fueron demandas de divorcio: 17.641 de mutuo acuerdo, lo que supone un 6,9 por ciento menos que en el cuarto trimestre del año anterior; y 12.795 no consensuadas, con una disminución interanual del 5,3 por ciento.

Las demandas de separación registradas fueron 1.553, de las que 1.018 eran consensuadas –lo que representa un descenso interanual del 10,5 por ciento– y las otras 535 contenciosas, un 2,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2015. En cuanto a demandas de nulidad, se presentaron un total de 44.

Por comunidades autónomas, Canarias y la Comunidad Valenciana encabezan las demandas de disolución matrimonial. De hecho, el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se dio en Canarias y en la Comunidad Valenciana (2,9), mientras que en el otro extremo se situó Castilla y León (1,9).

La media de demandas en España fue de 2,6 por cada mil habitantes, mientras que Islas Baleares y Cataluña 2,8; en Andalucía, Asturias y Murcia fue de 2,7; Cantabria 2,5; Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid 2,4; La Rioja y Extremadura 2,3 y Navarra, y Aragón 2,2.

GUARDIA Y CUSTODIA DE HIJOS NO MATRIMONIALES

En cuanto a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, el año pasado se presentaron 10.214 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 4,2 por ciento más que en 2015; y 34.017 demandas de medidas matrimoniales no consensuadas, lo que representa un descenso interanual del 0,7 por ciento.

En lo concerniente a medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 18.225 demandas de medidas consensuadas, un 1,6 por ciento más que en 2015; y 28.398 de medidas no consensuadas, lo que representa un incremento interanual del 1 por ciento.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016 se presentaron 2.744 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 6,1 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior; y 9.017 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, con una disminución interanual del 0,7 por ciento.

Además, se registraron 4.753 procedimientos de modificación de medidas de guardia, custodia y alimentos, un 1,7 por ciento más que en el último trimestre de 2015; y otros 7.864 procedimientos sobre medidas no consensuadas, lo que supone un incremento interanual del 3,3 por ciento.

http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/familia/divorcio/Asturias-CCAA-separaciones-divorcios_0_1005500698.html

El Supremo rechaza el recurso de una madre con hija dependiente a usar la vivienda familiar

El tribunal no ve equiparable la protección que necesita un hijo menor de edad a la de uno mayor de edad con discapacidad.

El Tribunal Supremo ha desestimado el caso planteado por una madre, que vive con su hija mayor de edad y dependiente en el domicilio del padre. La mujer pedía seguir haciendo uso del inmueble por tiempo ilimitado, pero la sentencia le da la razón al padre y afirma que no es equiparable la protección y asistencia que necesita un hijo menor de edad a la que requiere uno mayor de edad con discapacidad. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el uso y disfrute de la vivienda familiar en caso de separación o divorcio.

La mujer, siguiendo la misma línea argumental por la que el progenitor sí está obligado a pasar una pensión alimenticia, había presentado un recurso de casación en el que solicitaba que su hija se considerase como menor al tener una discapacidad —esquizofrenia— y, en consecuencia, también pedía el uso indefinido de la casa. La Audiencia Provincial de Valencia, al igual que el juzgado de instancia, había atribuido anteriormente por un período de tres años, que finaliza ahora, el disfrute de la casa para la progenitora.

El Supremo no ve posible la permanencia de la mujer en el domicilio, ya que al ser la vivienda propiedad del padre, negarle su uso por tiempo ilimitado “vaciaría de contenido económico el derecho de propiedad o lo reduciría notablemente”. Y corrige que la sentencia a la que hacía referencia la recurrente para defender su alegato es relativa a la de un hijo con patria potestad rehabilitada en favor de su madre, mientras que en este caso la discapacidad de la hija que convive en el domicilio familiar “no ha sido reconocida judicialmente”.

Según dice el tribunal, la atención hacia las personas mayores con discapacidad depende de “su estado y grado, físico, mental, intelectual o sensorial, del acierto en la adopción de los apoyos en la toma de decisiones y de la elección de la persona o institución encargada de hacerlo, entre otras cosas”. También, el respeto a su derecho de vivir de forma independiente y de tener control sobre su vida diaria “siempre que sea posible”. Por tanto, asegura que la toma de decisiones derivadas del divorcio de los padres sea asumida por la hija y no por su madre.

 

http://politica.elpais.com/politica/2017/01/27/actualidad/1485522174_659382.html

Pensión compensatoria ¿temporal o vitalicia?

La pensión compensatoria es aquélla que recibe el cónyuge, por parte del otro ex cónyuge, al que la separación o el divorcio le haya producido una situación de desequilibrio económico en relación con la posición del otro, es decir, que económicamente su situación ha empeorado respecto a la que tenía durante el matrimonio. Esta pensión puede ser temporal o por tiempo indefinido y normalmente se regirá por lo que pacten las partes en el convenio regulador, o en defecto de acuerdo, será el juez quién en base a una serie de criterios determine si debe o no imponerse, y en su caso, si debe ser abonada por un tiempo determinado o indefinido.

Si hace unos años cuando se fijaba judicialmente una pensión compensatoria no se limitaba su duración en el tiempo, la tendencia actual es limitar la percepción de dicha pensión por un período determinado tras el cual se considera que se habrá superado el desequilibrio económico inicial que la originó.

Límite temporal de la pensión compensatoria

El pasado 18 de mayo de 2016, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó sentencia en la que indicó que “la fijación temporal de la pensión no es un imperativo legal. El artículo 97 del Código civil la contempla como posibilidad, conforme a la ley 15/2005, de 8 julio (sentencia 3 julio de 2014) y esta norma prevé unas circunstancias determinantes de la cuantía a falta de acuerdo de los cónyuges”. En este caso, el Supremo confirmó que puesto que existía dentro del convenio regulador de la separación un acuerdo entre las partes en el que se fijó la pensión compensatoria sin límite temporal alguno, y que no se habían producido alteraciones en su patrimonios, no procedía que ningún juez o tribunal estableciera esta temporalidad por lo que determinó su carácter indefinido.

Por otra parte, no es necesario que se establezca un límite temporal que sea el transcurso de un determinado número de años, sino que puede ser que la realización de un hecho concreto. Como en el caso resuelto por el Tribunal Supremo en abril de 2016 donde la jubilación del deudor de la pensión compensatoria extinguía esta obligación. El obligado a abonar la pensión compensatoria tenía ya 53 años, los que sumados al tiempo de duración de la pensión (ocho años) se acercaban a los de su edad de jubilación, fecha en la que ambos cónyuges pactaron en el convenio regulador de separación que dejaría de percibirse. Por ello, en su sentencia el Supremo estimó que no procedía establecer la pensión como vitalicia.

Siguiendo esta doctrina jurisprudencial, según la cual en cuanto a la pensión compensatoria hay que atender a lo acordado entre las partes, en noviembre de 2016 la Audiencia provincial de Madrid determinó que no se puede limitar judicialmente la duración de esta pensión si los cónyuges no fijaron límite alguno cuando la pactaron. En este supuesto, basándose en la importante reducción de los ingresos del obligado a abonar la pensión compensatoria,  el juzgado que se pronunció en primera instancia redujo su cuantía y fijó un límite temporal. Por su parte, la audiencia revocó este pronunciamiento al considerar que el juzgado había interferido en el acuerdo adoptado por los cónyuges, que no habían establecido ningún límite temporal a la pensión compensatoria, rompiendo con la seguridad jurídica contractual.

 

 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11683-pension-compensatoria-iquest;temporal-o-vitalicia/