Oviedo
De acuerdo a la información del diario La nueva España, el año pasado hubo algo más de 110.000 disoluciones matrimoniales, rupturas en las que se vieron implicados más de 88.000 menores. Estas estadísticas oficiales no contienen las rupturas de parejas que eran uniones sin papeles, pero que también afectan a niños y niñas de dichas familias, por lo que la cifra superaría los cien mil.

En el contexto de la III Jornada Científica de ASEMIP “El interés del menor después de 30 años de Ley de Divorcio en España” celebrada en Oviedo los pasados 18 y 19 de noviembre, Francisca Fariña, presidenta de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Familiares (ASEMIP), aseguró que «el 50 por ciento de las parejas que se casan, acaban con el tiempo finalizando su relación».

Juristas y psicólogos alertan en dicha jornada sobre los trastornos personales, sociales y escolares de los niños víctimas de divorcios traumáticos.

Ramón Vilalta, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias y director de la jornada, advirtió sobre la relación de los procesos de ruptura de pareja con problemas de adaptación social de los hijos y con dificultades escolares. Francisca Fariña, por su parte, añadió que «existen datos que apuntan categóricamente a consecuencias de conductas antisociales de los menores relacionadas con malas separaciones de los padres».

Más de dos millones de niños y adolescentes viven en España en familias que sufrieron una ruptura de pareja, unas estadísticas que tienden a incrementarse peligrosamente.

Las jornadas de ASEMIP coinciden en el tiempo con el trigésimo aniversario de la aprobación de la ley de Divorcio en nuestro país y con el aniversario de la Convención de Derechos de los Niños, mañana, domingo. La vulneración de los derechos de los menores es habitual en procesos de separación o divorcio, señala Fariña, catedrática de Psicología Jurídica del Menor en la Universidad de Vigo. Juristas y psicólogos pidieron ayer en Asturias que las administraciones avancen en el desarrollo de la mediación familiar, a pesar de que España no tiene una ley estatal concreta. Esta inexistencia ha animado a muchas comunidades autónomas a legislar por su cuenta.

Lo mismo ocurre con la custodia compartida de los menores, que en estos momentos tan sólo alcanza al 10 por ciento de los casos de ruptura matrimonial. También aquí la iniciativa corresponde a las autonomías, algunas de las cuales (no es el caso de Asturias) han aprobado modificaciones legislativas para favorecer esta figura que favorece decididamente al menor.

La ruptura traumática, la guerra de la pareja rota con los hijos de por medio, «puede generar graves problemas de adaptación en los menores, incluso más que en aquellos casos de niños y adolescentes que han perdido por fallecimiento a su padre o a su madre», explicó Ramón Vilalta. «Los niños llegan a vivir como un duelo» esas situaciones de conflicto y ruptura paterna.

Un buen divorcio es mejor que una mala convivencia. Sirve el dicho jurídico para los padres, pero también para los hijos a su cargo.